Cómo Brasil está defendiendo sus derechos digitales

En enero de 2021, las personas usuarias de WhatsApp alrededor del mundo comenzaron a recibir un mensaje de advertencia. Flora Rebello Arduini que vivía en Londres fue una de ellas. Recibió una versión del mensaje basada en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. Le ofrecía un botón para aceptar la nueva política y otro para rechazarla. Como activista de derechos digitales en Ekō, Arduini estaba interesada en el cambio de política.       

Pero su interés pronto se convirtió en alarma. En Brasil, de donde es originaria Arduini, el mensaje de advertencia era diferente. Al hablar con amigos en su país, se enteró de que no había un botón para rechazar la nueva política de privacidad, una clara violación de las leyes brasileñas.

Idec sabía que el primer obstáculo sería convencer a la Fiscalia para que tomara el caso. Tanto Idec como Ekō contribuyeron a una investigación independiente realizada por el Ministerio Público Federal (MPF). En este proceso, Ekō tomó la iniciativa de contratar a una persona perita independiente para redactar un informe legal sobre las violaciones de protección de datos de WhatsApp.  

“Fue extremadamente desafiante porque la mayoría de los bufetes de abogados brasileños tienen algún tipo de conflicto de interés”, sostuvo Arduini. Meta tenía algún tipo de relación con muchos de los principales bufetes de abogados de Brasil especializados en protección de datos. “Ésta es una estrategia conocida de Meta. Hacen esto en mercados clave y hacen que sea muy difícil para la sociedad civil y otras partes contratar abogadas y abogados”.   

Pero Ekō finalmente encontró un abogado independiente y contrató la redacción del informe, lo cual consolidó el caso y, lo más importante, no dejó dudas de que era necesaria una acción civil. Ekō lanzó una petición que recolectó más de 210.400 firmas de todo el mundo mientras que Idec comenzó su propia campaña "Diga no".  

Un segundo dictamen legal sobre la política de privacidad, redactado por un experto académico e incluido en el procedimiento por Ekō, fue esencial para el avance de la investigación de la fiscalia y la prueba de violaciones de los derechos de personas usuarias. Esto llevó a la conclusión de que era necesario llevar el caso a los tribunales. Idec y el MPF unieron sus esfuerzos para presentar la demanda de forma conjunta.  

“Lo más importante es asegurarse de que todas las instituciones -los medios de comunicación, los reguladores y los representantes del gobierno- sepan que a la gente le importa mucho este tema”, dijo Emma Ruby-Sachs, Directora Ejecutiva de Ekō. “Es uno de los aportes más importantes de Ekō: un clamor público con mensajes, peticiones y comunicaciones públicas. Luego respaldamos ese clamor con un análisis legal inteligente, una excelente labor de educación de los medios de comunicación sobre las complejidades del tema y abogamos ante los responsables de la toma de decisiones”.

El 16 de julio de 2024, Idec y el Ministerio Público Federal presentaron su demanda contra WhatsApp, en la que solicitaban 1,7 mil millones de reales (el equivalente a más de USD 300 millones en la actualidad) y exigían una medida cautelar contra Meta antes del juicio que impidiera a la empresa compartir los datos personales de personas en Brasil fuera de WhatsApp y les otorgara a la gente el derecho de rechazar la nueva política.

La demanda además menciona a ANPD, la autoridad reguladora de protección de datos de Brasil. Si bien al principio fue colaboradora, la agencia se volvió reservada y no ha continuado con la investigación, sostuvo Idec. Se negaron a brindar información o documentos sobre su investigación de WhatsApp a Idec e incluso a la fiscalia. La demanda busca transparencia y una explicación por su secretismo.    

Las demandas por lo general buscan medidas cautelares múltiples y esperan que los jueces concedan algunas y rechacen o modifiquen otras. Pero el 14 de agosto, el juez federal emitió un fallo sin precedentes que concedía todas las demandas contra WhatsApp y obligaba a la empresa a limitar el intercambio de datos personales con otras empresas de Meta y a crear una herramienta accesible para que las personas usuarias puedan optar por rechazarlo. El juez ordenó a WhatsApp pagar USD 36.000 por día si no cumplía con la medida cautelar antes del 12 de noviembre. 

“Podía sentir que ese momento era paradigmático”, dijo Leite Contri. “Es tan difícil que un juez en cualquier caso conceda plenamente las solicitudes de medidas cautelares, especialmente en un caso tan técnico”.  

La celebracion duró poco: menos de un mes después, la Cámara de Apelaciones aceptó el recurso de WhatsApp y suspendió la medida cautelar, lo que permitió a la empresa continuar con sus prácticas de manejo de datos a la espera del resultado del caso.

El bloqueo del intercambio de datos podría ser finalmente confirmado por un fallo definitivo, que puede tardar años en llegar y que probablemente también será apelado por Meta. 

Sin embargo, la colaboración entre Ekō e Idec es un reflejo del ecosistema global de derechos interconectados que se necesita para enfrentarse a las empresas de tecnología multinacionales. “Todo en nuestro mundo está integrado ahora y nuestro movimiento también debe estarlo”, dijo Ruby-Sachs. “Un ecosistema no es una coalición. Es un sistema integrado en donde cada organismo cumple su rol y apoya y se involucra con la supervivencia del resto”. 

Leite Contri dijo que espera que la demanda incentive a los grupos de la sociedad civil en otros países a oponerse a las grandes compañías de tecnología en los tribunales. Frecuentemente, sostuvo, estas compañías parecen dar a entender que la privacidad es el precio a pagar por la innovación y que pueden abandonar su mercado si las leyes son demasiado restrictivas. 

“¿Por qué estamos enfrentando estos abusos cuando otros países obtienen protección?” señaló. “Sí, necesitamos la innovación, pero no tenemos que intercambiar nuestros derechos (por ella)”.